Resumen:
A pesar de su vasta experiencia mostrada a través de la historia en materia
de comunicación social, hoy en día persisten en México graves problemas sobre
su ejercicio, mismos que redundan en la falta de políticas claras que permitan
a los diferentes órganos de gobierno manejar información con criterios
uniformes y transparentes hacia la sociedad, los poderes y demás actores políticos,
sociales y culturales, con los que interactúan (Flores, 2017).
Desde el Imperio Azteca, hasta la actualidad, el establecimiento de dichas
políticas se ha traducido en una lucha constante desde diversas trincheras,
contando en el mejor de los casos, con un débil apoyo de la autoridad en
turno, pero en la mayoría de ellos, con su veto y rechazo total. En este sentido,
la historia moderna nos señala que desde hace casi cincuenta años se viene
discutiendo la importancia que reviste la definición de las grandes líneas
de acción informativas, así como la responsabilidad de los distintos sectores
respecto a la transparencia y rendición de cuentas (Flores, 2018a). Sin embargo,
a la vuelta de tantas décadas, la legislación en la materia sigue siendo
por demás deficiente, pese a la reciente promulgación de la Ley General
de Comunicación Social, llamada por sus detractores como Ley Chayote (en
franca alusión al soborno que reciben en México los medios de comunicación
y periodistas coludidos con el gobierno), que no ha hecho otra cosa más que
ahondar los vacíos jurídicos y sociales existentes, justificando y perpetuando
el escandaloso gasto que en nombre de la comunicación social se realiza en
medios masivos de comunicación, quedando claro que el establecimiento de
dichas políticas continuará siendo un tema pendiente en la agenda pública
de este país (Flores, 2018b).