Resumen:
En la crisis de violencia en México el papel de las fuerzas militares ha sido
cuestionado. Según el índice de letalidad, el cual muestra el uso de la fuerza
desproporcionado por parte de las fuerzas armadas en medio de esta crisis, las acciones
del ejército presentan un promedio de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en 2013,
y 11.6 en el primer trimestre de 2014 (Pérez, et. al, 2015: 335).
La crisis ha generado un gran número de víctimas de la violencia. En medio de
este clima en el que impera la violencia, en el año 2012 se generó el “Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad”, primer movimiento de carácter nacional que fomentó la
lucha por el reconocimiento de derechos de las víctimas. Como un hecho sin antecedentes,
y después de diversas estrategias de presión y negociación, el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, logró la creación de la Ley General de Víctimas, redactada en el
sexenio del entonces presidente de la República Felipe Calderón (2006-2012), pero
aprobada hasta el año 2013 ya en el mando Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Ley de
Víctimas es, sin duda, una conquista del reconocimiento de los derechos de las víctimas
afectadas por la violencia (oficial y no oficial) (Villareal, 2014b:106, Azaola, 2012:161,
Bizberg, 2015a:278).