Resumen:
Desde el año 2006, México se encuentra en una crisis de inseguridad caracterizada por la
aplicación de políticas de militarización y un discurso a la defensa de la “seguridad nacional”
aceptado por el combate a la delincuencia organizada (Hincapié, 2015). De manera inmediata
organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, evidenciaron que estas
prácticas eran contrarias y violatorias de derechos humanos (Hernández, 2017; Anaya, 2012,
2015); desde la implementación de estas políticas públicas de seguridad ha habido múltiples
conflictos por su legalización y polémica en cuanto a la protección de derechos a la seguridad
humana (Hincapié y López, 2016).